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Justicia Comunitaria

Justicia Comunitaria y Sociedad Nacional

Por justicia comunitaria se entiende un conjunto de instancias y procedimientos mediante los cuales, para situaciones de controversia, se regulan los comportamientos legítimos a partir de normas propias de una comunidad o  contexto cultural específico. Es administración de justicia en tanto se desenvuelve en el ámbito de la regulación social: actúa sobre referentes normativos que la preceden y produce  mandatos en los conflictos específicos. Es comunitaria en tanto su capacidad regulatoria deriva de dinámicas de identidad y pertenencia a lo mismo, que pueden ser ocasionadas por  afectos o tradición.

 

 Edgar Ardila

 

Durante la modernidad, los procesos de justicia comunitaria se retrajeron de manera sostenida en la misma medida en que se expandía el sistema judicial de los Estados modernos (Ardila, 2007), siendo menor su incidencia en los países centrales, en todo caso la justicia comunitaria fue muy poco visible en todo occidente dado que el discurso monista del derecho y la administración de justicia imperante tendió a trivializarla y excluirla de los discursos y de los ámbitos de poder.

 

En las últimas décadas este proceso parece estar revirtiéndose en amplias zonas del mundo y las identidades culturales y las justicias comunitarias adquieren visibilidad y ocupan un lugar  en los mapas de las justicias  contemporáneas, como está ocurriendo en Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

 

Tipos de Justicia Comunitaria

 

 Existen tres grandes modalidades de justicia comunitaria: como reforma del Estado, como propia de la comunidad y como propia, pero reconocida por el Estado. La primera es el resultado de una organización de la administración de justicia estatal (V.gr. los jueces de paz en varios países). La segunda incluye figuras que germinan y se desarrollan en comunidades tradicionales (V.Gr. justicia gitana, Fajardo, 2003), marginales o perseguidas porque no alcanzan el reconocimiento o la validación por parte de la ley y las instituciones del Estado. Y la tercera se refiere a dinámicas de justicia comunitaria desarrolladas en comunidades, tradicionales a las que el Estado, por expresa prescripción legal reviste de un estatus de validez ante el ordenamiento  jurídico nacional. En tales casos, la ley estatal no las constituye sino que las reconoce.

 

 Hay un difuso límite entre la justicia comunitaria resultante de figuras que crea el Estado y la justicia comunitaria reconocida por tal aparato de organización política, tanto porque los dos conceptos implican el concurso de las dinámicas culturales de la comunidad, como porque uno y otro implican una actitud del Estado que haga eficaces las actuaciones de unos y otros operadores ante el ordenamiento jurídico nacional.

 

 Reglas de la Justicia Comunitaria

 

 Están en primer lugar las reglas generales que rigen los comportamientos de la comunidad. Son el marco referencial para la toma de decisiones comunitarias. Desde ella se toman las decisiones de fondo. En segundo lugar están las normas que regulan las instituciones que gestionan las controversias. Son las reglas que establecen las figuras llamadas a tramitar los asuntos y los procedimientos mediante los cuales actúan y deciden. En la mayoría de lascomunidades carecen del texto escrito pero están presentes  en los modos de vivir, en las costumbres, las tradiciones, los relatos y los mitos. No puede decirse que hay un sistema normativo comunitario frente al sistema normativo del derecho estatal. Cada comunidad, cada identidad, es una construcción cultural diferente y cuenta con normas que le son particulares. Precisamente lo que diferencia a una comunidad de otras es, principalmente, su estructura normativa (Tönnies, 1947:34).

 

Edgar Ardila Valledupar

 Linchamientos

 

 Los linchamientos son un fenómeno que aparece en distintos contextos sociales. En varios países la tendencia  se incrementa sobre todo en zonas marginales urbanas o  periurbanas (Basombrío, 2004: 52). En diferentes casos  documentados, concurre la ausencia de mecanismos colectivos de gestión de conflictos y de seguridad. El Estado  está ausente y allí las comunidades no cuentan con la misma fortaleza que en las zonas rurales tradicionales para  proteger a sus miembros y tramitar las controversias (Díaz,  2004). El sentimiento de desprotección  puede juntarse con otros factores y arrojar este tipo de reacciones.

 

 Los linchamientos no son justicia comunitaria, porque  ésta es normatividad y los linchamientos son lo contrario,  precisamente porque omiten y violan las normas y las  instituciones. Catalogar un linchamiento como justicia  comunitaria es denominar de manera incorrecta a alguno  de los dos fenómenos. Eventualmente podría asociarse con la figura de los tribunales populares que se presentan  en los levantamientos populares (Merry, 2003:55) contra el orden establecido y sus funcionarios. En tales casos no  predominan las identidades con las normas comunitarias sino las identidades políticas que demarcan quién es amigo y quién enemigo.

 

Sustento cultural de las normas jurídicas

 

 Los referentes normativos que sirven para dar tratamiento a la conflictividad en el escenario social deben tener una clara conexión con las normas culturales, ya que de allí proviene su legitimidad. Siendo así, no sería legítimo que se juzgue a la gente según unas leyes que generalmente no conoce y no está obligada a conocer (no se puede exigir lo imposible). En tal caso, la única explicación que podría legitimar la obligatoriedad de las normas sería su correspondencia con las normas de la cultura (normas religiosas, morales, convencionales y de tráfico o profesión),que el individuo sí conoce y estaría obligado a conocer.

 

 Siendo así, nadie podría excusarse por desconocimiento de la norma porque, aunque no conociera la norma jurídica, conocería la cultural. Ahora bien, cuando se trate  de campos especializados de las prácticas sociales, el  criterio se mantiene porque se tiene que reconocer que en cada especialidad, quienes se mueven en ella saben lo que es correcto o incorrecto según el sentido común (Mayer, 2000: 45, 55, 72-75). El Derecho y los otros ordenamientos sociales han de ir por el mismo camino. Cuanto menos sea así, más se dependerá del recurso de la fuerza y el peligro de la ilegitimidad de la ley será mayor.

 

 Regiones enteras de América Latina han sido escenario de predominio del derecho estatal, implantado por los europeos en desmedro de los sistemas jurídicos de los pueblos sometidos. El mundo de lo jurídico estatal se ve como distante y muchas veces contrario al resto de la realidad de amplias capas de la población. “La justicia es para los pobres” es un adagio que se extiende por el subcontinente. Entonces, el problema del derecho en nuestro entorno no es sólo que desconozca la estructura de valores y la normatividad cultural propia de nuestra diversidad. En el otro extremo, tenemos el escenario de la pluralidad jurídica en donde, aunque esté proclamado el imperio de la ley y del aparato judicial estatales, las normas que rigen  los comportamientos y la administración de justicia son las propias de las comunidades. Este escenario ha resultado del devenir comunitario desde sus tradiciones y sus normas pero también como consecuencia del repliegue de las comunidades en sus propias identidades frente a dinámicas de exclusión, discriminación y represión que desde el régimen imperante se desata hacia ellas. La normatividad que estructura cada entramado cultural obra como caparazón protector de los individuos frente al mundo exterior.

 

 La columna vertebral de esa normatividad es la justicia comunitaria. No sólo porque a través de ella se realiza su juridicidad en cada caso de conflicto. A través de ella se le da ordenación y priorización a las diferentes reglas. La justicia comunitaria pone los acentos sobre lo que es importante para la comunidad y sobre lo que no lo es.

 

 La administración de justicia que hacen las autoridades  propias apuntala y amarra la normatividad en los aspectos centrales para su universo cultural. En la actualidad existe una fuerte expansión de esas dinámicas de justicia comunitaria en muchos países del orbe  y, en particular, de América Latina. En los últimos veinte años,  la mayoría de los países latinoamericanos han adoptado o reformado reglas para los jueces de paz o figuras similares y vienen impulsando programas de promoción de las mismas.  La concentración de recursos y energías de actores nacionales, regionales e internacionales; estatales, comunitarios y  privados; responden a varios intereses que encuentran salida  en estas figuras: 1) Reducir las cargas del aparato de justicia estatal; 2) incrementar el acceso a la justicia de amplios sectores de la sociedad; 3) fortalecer la convivencia y la  prevención de la violencia directa y; 4) obtener más seguridad a partir de la confianza entre los próximos.

 

 La Justicia Comunitaria en la construcción de una  sociedad nacional diversa

 

 En una parte más o menos extendida de las sociedades  contemporáneas existen ordenamientos jurídicos diferentes  al derecho estatal. Varios países de América Latina como  Colombia, Perú, Bolivia, México, Venezuela y Ecuador,  vienen construyendo instituciones, muchas de ellas con rango constitucional, que replantean la relación entre el  derecho estatal y el proyecto de nación, que reconocen que  la diversidad cultural caracteriza a la sociedad ubicada en  el territorio de cada uno de esos estados y, en consecuencia,  viabilizan un proyecto de nación que acoja la diversidad.

 

Edgar Ardila con signo de mando comunidad indígena Arauca 

 

Son instituciones interculturales que potencian, en extensión y profundidad, la capacidad regulatoria de los  ordenamientos jurídicos propios. Mediante ellas, además  de las instituciones estatales occidentalizadas y las propias de las comunidades, se establecen instituciones destinadas a facilitar el diálogo y la coordinación entre unas y otras.

 

 Pero ese piso, sin duda indispensable, no es suficiente. La construcción de nación desde la diversidad es, también en alto sentido, el desarrollo sostenido de un  diálogo intercultural. Es en el ámbito de la cultura donde están inscritas la mayor parte de las posibilidades y  de las limitaciones para la tolerancia, la inclusión y el reconocimiento mutuo. El diálogo intercultural es el cauce  que permite construir, más allá de lo formal, un estado y una nación profundamente incluyente, democrática y pacífica. Son los dos aspectos de una construcción desde identidades diversas: las instituciones serían el elemento estático y el diálogo, el elemento dinámico.

 

ARTÍCULO PUBLICADO EN EL BOLETÍN "MÚLTIPLES" No. 6, del Just Governance Group. Disponible en pdf en su publicación original en el sitio web  http://justgovernancegroup.org/Assets/PDFs/Multiples6PluralismoJuridico-LegalPluralism-Bolivia.pdf

Actualizado (Lunes, 01 de Agosto de 2011 11:36)

 

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