La doctora en Derecho Público por la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, Silvina del Valle Ramírez, consideró que en el fortalecimiento del Estado de Derecho es importante el respeto a los pueblos indígenas, además de que existen ordenamientos jurídicos a nivel nacional como estatal para que en el sistema de justicia, se respeten y apliquen las garantías individuales de las personas originarias de las comunidades.

Agregó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la nación tiene una composición pluricultural sustentada en los pueblos indígenas, situación que se refleja en Oaxaca donde conviven cerca de 18 grupos étnicos a los que se debe garantizar la aplicación del derecho indígena en los actos procesales.

Indi Iaku Sigundioy, asesor del Ministerio de Justicia en asuntos indígenas, visita a las comunidades para buscar insumos y armonizar la justicia indígena con la ordinaria.
 

El sonido de unas semillas de cascabel, en un árbol amazónico, por los pasillos de los pisos octavo y noveno del edificio del Ministerio de Justicia, delata la presencia de Indi Iaku Sigindioy Chindoy.

Hace nueve meses este joven de 29 años, del pueblo Camëntsá (Putumayo), se dedica a asesorar al Ministerio en temas de jurisdicción y ordenamiento indígena. Siempre vestido con su sayo (poncho), sus collares, pantalones cortos y alpargatas contrasta con los otros funcionarios que lucen trajes impecablemente planchados, corbatas de última tendencia y zapatos bien lustrados.

El procurador general de República Dominicana, Francisco Domínguez Brito, dijo que el Ministerio Público fortalecerá sus roles de conciliación y expandirá la mediación comunitaria para la resolución alternativa de conflictos.

Al participar en la “II Cumbre Provincial  del Sector Justicia, la Municipalidad y la Sociedad Civil por el Acceso a Justicia”, organizada por Participación Ciudadana (PC), Domínguez Brito dijo el objetivo es tener mediadores comunitarios a nivel nacional. También se designarán mediadores en los condominios y en las escuelas.

Un centenar de líderes comunales de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), aprobaron e hicieron nuevos aportes a los “Resultados Preliminares  del Diagnóstico para la elaboración del Modelo de Justicia Comunitaria para la RAAS”, presentado el pasado martes por la Defensoría Pública de Nicaragua en Bluefields.
 

Los resultados de dicho diagnóstico apuntan especialmente al quehacer de los “Jueces Comunales”, en el caso de las comunidades garífunas, creoles, ramas y mestizas y a los “Whitas”, en el caso específico de las comunidades Ulwas de la RAAS, sobre quienes recae la responsabilidad de la administración de justicia en sus localidades, enfocado sobre todo al problema de violencia intrafamiliar.